La letra pequeña

Vicente Díaz, presidente de la Asociación de inspectores Adide escribe un artículo en El País sobre “El necesario pacto por la Educación valenciana“.

Díaz propone:
1)Una Ley Valenciana de la Educación con amplia base parlamentaria.
2) Incremento gasto público por alumno.
3) Implicación municipal en los asuntos educativos.
4) Corresponsabilidad pública y privada.
5) Plan contra el fracaso escolar
6) Más escolarización pre/post-obligatoria
7) Evaluación y diagnóstico del sistema educativo
8)Autonomía para las escuelas públicas y reforzar el papel de los equipos directivos.
9) Mejora de las competencias profesionales del profesorado.
10) Reforzar la inspección.

Punto por punto, Díaz propone la adaptación valenciana de la LEC (Ley de Educación de Cataluña).
Lo curioso es que sé que en los despachos de la avenida de Campanar, la LEC es vista con buenos ojos, incluso envidiada (”sólo un gobierno de izquierdas puede hacer esas reformas”, he oído decir).
Y digo curioso porque Adide forma parte de la Plataforma por la Enseñanza Pública.
Una pena que, a día de hoy y como ya dije, el proyecto de Ley Valenciana de Educación ha sido descartado.

Considero que sobre la condición de autoridad pública para el docente hay mucha confusión. Recuerden: Esperanza Aguirre ha anunciado una ley sobre el tema y ha habido reacciones de todo tipo. Que sí la Comunitat Valenciana ya lo tiene, que si volvemos a épocas pasadas, que si eso se lleva pidiendo desde los sindicatos, que si es competencia exclusiva del Estado, etcétera.

Realmente me extraña que nadie haga distinción alguna entre ser autoridad en un juzgado y serlo en un aula. Lo primero, efectivamente, es un debate legal y no pedagógico, sobre el que cualquiera puede estar de acuerdo por mucho que defienda lo de que el docente es promotor del conocimiento que ayuda al alumno a encontrar su propio saber y demás pedagogía constructivista.

Ser autoridad pública o no es una condición legal para que quien atente, agreda, insulte, etcétera contra un profesor se enfrente a penas y multas superiores y que en el pertinente juicio, la declaración del profesor ‘valga más’ que la de la otra parte justo por esa consideración de autoridad. Es una protección legal para el docente. Aquí en Valencia, a esta condición ya reconocida por decreto se le añade la asistencia jurídica gratuita desde la Conselleria. Desgraciadamente, estas medidas son necesarias en la actual situación social y escolar. Permítanme el ejemplo, al igual que los legisladores han aumentado la protección legal de las mujeres maltratadas ante la alarma social y el incremento de este tipo de violencia.

De quien es la competencia, si de la autonomía o del Estado, para determinar esta condición, es cosa de juristas. Sí que creo que Estatuto Docente es un buen recipiente para este condimento.

Otra cosa es lo de “recuperar la autoridad docente en el aula”, un asunto mucho más relacionado con lo del tuteo que apuntó el defensor del Pueblo que con el cambio legal. Y, sobre este asunto, no se requiere cambio penal sino pedagógico. Bueno, quizás, quizás sí se necesitara una reforma legal de mayor enjundia que un articulito en el Estatuto Docente. Pero sobre la Logse, ya hemos hablado demasiado.

Me cuentan que el Ministerio de Educación ya cuenta con los nuevos temarios para las oposiciones docentes de Primaria y Secundaria pero que pretende que no entren en vigor hasta que concluyan las convocatorias transitorias previstas en la LOE. Es decir, que los temarios se mantendrán hasta las oposiciones de 2012.

Seguiremos el tema.

El bono infantil, es decir, la ayuda que ofrece la Conselleria de Educación a las familias para financiar la escolarización de cero a tres años, se ha convertido en víctima de su propio éxito.

En síntesis (los detalles los pueden leer en el periódico Magisterio, edición Comunitat Valenciana), la Administración valenciana ha tenido que reducir cada bono en unos setenta euros el precio máximo que se dió el curso pasado (y que depende de los años del alumno). La razón es que para el curso 2009-10, han solicitado este bono 5.432 alumnos y un centenar de escuelas infantiles más.

y eso que la Administración ha aumentado la partida total un 6% hasta llegar a los 29,9 millones de euros.

Como consuelo queda que la Administración ha establecido un precio máximo que pueden cobrar las escuelas infantiles que reciban este bono infantil. En principio, se estableció en unos 165 euros mensuales, descontando la ayuda. Al reducirse la cantidad individual de esta ayuda (y suponemos que manteniéndose el mismo precio máximo), cada familia tendrá que rascarse un poquito más el bolsillo. A bote pronto, lo dicho, rozando los 240 euros al mes (precio máximo, claro).

La otra opción hubiera sido aplicar baremos de tal manera que menos alumnos hubieran recibido más dinero.

Recuerdo que el primer punto reivindicativo de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública es la creación de una red pública de 0 a tres años.

Lo dicho, más información en el periódico Magisterio.

Si quieres ver la carta que Educación ha remitido a los centros, pincha aquí:

carta-a-centros-y-padres-4_firma

Hoy miércoles, reiniciamos este blog. Ayer martes comenzó el curso en los colegios. El lunes, Antena3 estrenó la serie “90-60-90″.

Bienvenidos al nuevo curso.

Sé que les sonará extraño que en esta enumeración incluya el estreno de una serie de TV que, en síntesis, cuenta la historia de una adolescente aspirante a modelo de 16 años y la relación que inicia con un adulto de 41 años.

Así, que en una misma semana comienza un curso en el que Educación para la Ciudadanía también llegará a quinto de Primaria, en el que la Administración se va a gastar alrededor de 5.400 euros por alumno para su formación integral y académica tal y como apunta la LOE y en la que los profesores habrán preparado una estupenda programación con la que, entre otras cosas, pretenderán que los alumnos adquieran valores y espíritu crítico para convertirse en ciudadanos.

Y, al mismo tiempo, en una concesión pública como es la licencia para emitir de una televisión, unos programadores deciden que una noche a la semana irán en contra de lo que enseña la escuela por la mañana. Al fin y al cabo, como dice la Carta de San Pablo, “el amor todo lo puede”. Y tan ‘normal’ es la relación que plantea “90-60-90″ que la actriz que protagonista la modelo de 16 años tiene en la realidad 24 años. No vaya a ser que nos pasemos de escándalo.

En fin, en el ámbito educativo ya se ha hablado mucho del papel de la TV en la creación de modelos de conducta en los jóvenes. Los docentes saben que el ‘enemigo’ es poderoso y llega con un gran armamento persuasivo. Y este año, se ha adelantado.

Así que, bienvenidos al nuevo curso… y ánimo.