La letra pequeña

Si tomamos como base para un cálculo facilón 7.000 euros de gasto por alumno y año que realizan la arcas públicas, cada trabajador llega a una empresa con un maletín formativo valorado grosso modo entre 90.000 y 150.000 euros. Rápidamente: la escolarización mínima son diez años pero lo común más, contando Infantil; más del 40% de los valencianos repite y la OCDE calcula que cada año repetido en España supone un gasto extra de 11.000 euros; rozamos el 40% de universitarios, que con Bachillerato están seis años más en el sistema y pese a las tasas a un coste mayor que el señalado… Lo dicho, a partir de los 100.000 euros por joven. Que en gran medida dicha inversión no haya sido eficaz ni mucho menos eficiente no quita que pongamos en valor el esfuerzo social realizado para que las empresas le saquen provecho productivo.
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Los docentes, como tantos trabajadores, autónomos y empresarios –e incluso algún político– no son culpables de la crisis económica. Por ello, que sus consecuencias recaigan sobre ellos no tiene nada que ver con la justicia. Es, por lo que parece, una necesidad. Así, si tan inevitables son los ajustes, éste es el único argumento válido para que el sector apriete los dientes y asuma su cuota de padecimiento. No sé si señalar a los culpables los hará menos inevitables. Pero no nos debemos olvidar que lo que se recorta al funcionariado no son privilegios, sino condiciones laborales. Y es injusto y también innecesario que la opinión pública acompañe los recortes con tópicos como que trabajan poco, tienen muchas vacaciones o que al menos ellos tienen empleo.
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