En el debate sobre la condición de autoridad pública del profesorado en el ejercicio de sus funciones, hay ciertas polémicas jurídicas pendientes de aclarar. Por ejemplo, si las leyes y decretos que al respecto publican las autonomías tienen alguna utilidad si no se cambia el Código Penal o si es posible extender esta condición también para el profesorado de la concertada, que no es funcionario.

Pero en el borrador de Ley de Autoridad del Profesorado presentado por la Conselleria valenciana, sí encuentro un aspecto que supone una mejora notable para el docente, en este caso, de la concertada y es que la Administración extiende su servicio de asistencia jurídica gratuita en caso de agresión al profesorado de este sector, un servicio que desde 2005 ya tiene el de la pública.
Que en momentos desagradables como cuando un padre o alumno te agrede, tener al lado a un abogado y que encima sabe del tema, se agradece. O así lo entiendo yo.

PD: El mismo decreto modifica un punto de la Ley de 2005 sobre Asistencia Jurídica de la Generalitat para aclarar que esta asistencia no será en “juicio de particulares”. Es decir, la asitencia jurídica gratuita es para lo que es, temas de convivencia e indisciplina y en el ejercicio de las funciones docentes; para el resto, quien quiera un abogado, que se lo pague.