El Pacto por la Educación no tiene ningún Palacio de Zurbano que escenifique esa búsqueda de un gran acuerdo sobre una prioridad y urgencia nacional que es la actual Educación española. El Pacto se negocia en la Conferencia Sectorial aunque todos saben que en esencia es un pacto político. De este modo, PSOE y PP hablan, digamos, a través de unos consejeros autonómicos convertidos en sus testaferros. Ana Mato y Juan Antonio Gómez Trinidad deciden en Génova con los consejeros autonómicos del partido la postura y enmiendas del PP a las propuestas del Ministerio. En éstas, Eva Almunia lo tiene más sencillo en el PSOE, digamos, puede estar en Misa y repicando.

En cualquier caso, el modelo de negociación política está bien claro. Negocian los partidos, dan la cara las Administraciones educativas (Conferencia Sectorial) y en ambos foros es el ministro quien lidera el pacto. Pero, ¿y el consecutivo pacto social?. Aquí, la cosa no está tan clara.
Bueno, más bien, el Ministerio ha introducido un toque de inquietud con la constitución el pasado 22 de febrero de la Mesa Social por la Educación, formada por los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme. Y, obviamente, esto no ha gustado nada a otros agentes educativos.
Y no es para menos. Si el pacto político se trabaja en la Conferencia Sectorial, lo previsible es que el social fuera al Consejo Escolar. Si no hay Palacio de Zurbano para el político, ¿por qué sí para el social?. Un pacto político requiere sí o sí la connivencia de PSOE y PP, pero uno social no puede reducirse a dos sindicatos y a dos patronales. ¡Ni siquiera son las federaciones docentes ni las patronales educativas! ¿Y los padres? ¿Y los sindicatos de la concertada? ¿y…?
La nueva Mesa Social nace oficialmente como foro paralelo al diálogo social para concretar lo que diga la Ley de Economía Sostenible en materia de Formación Profesional. Es decir, insistiendo en el adjetivo “profesional” dejando fuera la sustantiva “formación”. Como si de tanto negar la crisis, ahora toca el atracón, que donde haya una ley económica (y sostenible) qué pinta el sistema educativo, aunque se reforme una etapa educativa clave como es la FP.
También nace, como dicen CCOO y UGT, para que “aborde el desarrollo del Pacto en el caso de que éste sea finalmente suscrito por los principales grupos políticos y por los agentes sociales y las organizaciones educativas”. No sé yo si el pacto político (si se alcanza) esperará a los agentes sociales y organizaciones educativas para que esta Mesa Social lo comience a desarrollar. ¿Para qué esperar si esta Mesa ya es social?

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