La letra pequeña

¿Si las familias pidieran tres deseos sobre la jornada escolar, creen que en esa breve lista figuraría que las clases sólo fueran por la mañana? El principal problema de la jornada continua es justamente éste. El metodológico. A las familias se les pregunta al final del proceso. Tras la negociación entre la Administración y sindicatos, tras la redacción del proyecto de jornada continua por parte de la dirección del centro y el profesorado, tras su presentación al Consejo Escolar al que apenas un 13% de padres vota… se le preguntará a la familia: ¿está de acuerdo con la jornada continua? Da igual la salvaguarda de que dos tercios de los padres tengan que aprobarla; en el mejor de los casos, la familia aspira a quedarse como está.
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Los docentes, como tantos trabajadores, autónomos y empresarios –e incluso algún político– no son culpables de la crisis económica. Por ello, que sus consecuencias recaigan sobre ellos no tiene nada que ver con la justicia. Es, por lo que parece, una necesidad. Así, si tan inevitables son los ajustes, éste es el único argumento válido para que el sector apriete los dientes y asuma su cuota de padecimiento. No sé si señalar a los culpables los hará menos inevitables. Pero no nos debemos olvidar que lo que se recorta al funcionariado no son privilegios, sino condiciones laborales. Y es injusto y también innecesario que la opinión pública acompañe los recortes con tópicos como que trabajan poco, tienen muchas vacaciones o que al menos ellos tienen empleo.
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“Murcia no convocará oposiciones en 2011″ escribe María Cuéllar, delegada de Magisterio en Murcia. María añade:
Los sindicatos informan que en reunión mantenida esta mañana con el Consejero de Educación se les ha informado de que no habrá convocatoria de oposiciones del cuerpo de maestros en 2011. La razón que Sotoca ha dado es que solo podía ofertar las 58 que recogía el 30% de la tasa de reposición establecida por la Ley de Presupuestos Generales (a repartir entre todas las especialidades). Además, el consejero ha manifestado que tiene constancia que comunidades como Valencia, Castilla La Mancha y Extremadura no convocarán oposiciones, quedando por dilucidar si lo haría Andalucía.
Por tanto, y por fín se aclara QUE NO HABRÁ OPOSICIONES 2011.

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El Ministerio declaraba a MAGISTERIO en enero que “el Gobierno no va a modificar la LOE por iniciativa propia, sino sólo a través del consenso con el PP, así que alcanzar el Pacto es la mejor oportunidad para prorrogar la jubilación anticipada”.
Leo y leo las propuestas de Pacto por la Educación y no veo ninguna referencia a la prórroga de la jubilación LOE. Absolutamente ninguna.
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Ya comenté que a los inspectores les están tocando el bolsillo. El número de docentes afectados ya es 21 personas y si continúa sin solucionarse, este mes se sumarán siete u ocho más. La Conselleria de Educación quiere llevar al Consell un documento que arregle el asunto, pero todavía no sé más. Ya hay reclamaciones individuales presentadas y abogados preparando los pertinentes recursos. El temor en la inspección es que si no hay solución, todos terminen perdiendo el susodicho complemento retributivo. El malestar es evidente e in crescendo. Seguiremos informando.

La Consejería de Educación andaluza ha iniciado un programa piloto en un par de decenas de centros en los cuales los directores podrán controlar y sancionar, en su caso, las ausencias de los docentes. Un anticipo que figuraba en el borrador de nuevo ROC –el documento definitivo se conocerá en un par de semanas–. Además, se estudia la posibilidad de que los directores también cuenten con un presupuesto para contratar directamente a profesorado para cubrir las bajas laborales. Esto se hará de dos formas: o el director usa dicho presupuesto o propone una sustitución a la Consejería quien la aprueba.
Esto de la contratación directa por parte del director del centro también figura/ba en el borrador para la gestión de las bolsas de interinos y sustituciones que se negocia en la Mesa Sectorial en la Comunitat Valenciana. Se decía algo así como que “excepcionalmente y para puestos de especial dificultad de provisión”, el director contrataría directamente. La razón es que hay determinadas vacantes en zonas rurales que por ser a tiempos parciales y lejanas a las zonas urbanas, a los interinos de las bolsas no les son atractivas y, en cambio, el director podría encontrar en el pueblo algún docente dispuesto a cubrir dicha sustitución, lo que agilizaría el proceso. Ya digo que es un borrador y que posiblemente no vea finalmente la luz, pero…
TAmbién los primeros pasos del desarrollo de la Ley de Educación de Cataluña están mostrando las verdaderas dimensiones de lo que dicha LEC apunta de fortalecer el papel de la dirección. Sobre todo, en el terreno de la evaluación del claustro.
Recopilo las ¿nuevas? competencias que van proponiéndose para los directores: sancionar, contratar, evaluar.
Y doy un paso más: ¿cómo puede afrontar un docente estas tareas de sancionar, contratar y evaluar sabiendo que el puesto de director es temporal y que algún día volverá al claustro para que otro compañero le pueda sancionar, contratar y evaluar?
De este modo, vaticino que con el tiempo será irremediable abrir un nuevo debate, mejor dicho, recuperarlo: la conveniencia del cuerpo específico de directores de centro (cosa, por cierto, que quizás tuviera cabida en los cuerpos propios que cita la LEC). Creo que esto pasará por dos motivos: a) la tendencia de la Administración a potenciar una dirección más gestora que docente (y, por tanto, sancionadora, contratadora y evaluadora) y b) la lógica reivindicación de un colectivo que entenderá que el correcto desempeño de su labor chocará con la temporalidad de su puesto.
En fin, puede que me esté adelantando demasiado a los acontecimientos, pero también creo que es la profesionalización de la dirección es una tendencia imparable. Primero por la creciente complejidad de la escuela y, segundo, por las intenciones que se detectan en los gestores públicos. El tiempo dirá si me equivoco.

Como informa FETE-UGT, la Generalitat ha activado el Plan de Pensiones de sus empleados públicos con una aportación mensual (además de 350 euros extraordinarios por los atrasos desde 2006) de 7/8 euros mensuales que aparecen como un ingreso adicional en la nómina.
El pasado 28 de julio de 2009, la Comisión Promotora de este plan seleccionó “a la entidad Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, BANCAJA–Aseguradora Valenciana, SA. de Seguros y Reaseguros la gestión y deposito del fondo de pensiones de empleo en el que se integrará el Plan de Pensiones de los Empleados de la Generalitat”, informa este sindicato.

Considero que sobre la condición de autoridad pública para el docente hay mucha confusión. Recuerden: Esperanza Aguirre ha anunciado una ley sobre el tema y ha habido reacciones de todo tipo. Que sí la Comunitat Valenciana ya lo tiene, que si volvemos a épocas pasadas, que si eso se lleva pidiendo desde los sindicatos, que si es competencia exclusiva del Estado, etcétera.

Realmente me extraña que nadie haga distinción alguna entre ser autoridad en un juzgado y serlo en un aula. Lo primero, efectivamente, es un debate legal y no pedagógico, sobre el que cualquiera puede estar de acuerdo por mucho que defienda lo de que el docente es promotor del conocimiento que ayuda al alumno a encontrar su propio saber y demás pedagogía constructivista.

Ser autoridad pública o no es una condición legal para que quien atente, agreda, insulte, etcétera contra un profesor se enfrente a penas y multas superiores y que en el pertinente juicio, la declaración del profesor ‘valga más’ que la de la otra parte justo por esa consideración de autoridad. Es una protección legal para el docente. Aquí en Valencia, a esta condición ya reconocida por decreto se le añade la asistencia jurídica gratuita desde la Conselleria. Desgraciadamente, estas medidas son necesarias en la actual situación social y escolar. Permítanme el ejemplo, al igual que los legisladores han aumentado la protección legal de las mujeres maltratadas ante la alarma social y el incremento de este tipo de violencia.

De quien es la competencia, si de la autonomía o del Estado, para determinar esta condición, es cosa de juristas. Sí que creo que Estatuto Docente es un buen recipiente para este condimento.

Otra cosa es lo de “recuperar la autoridad docente en el aula”, un asunto mucho más relacionado con lo del tuteo que apuntó el defensor del Pueblo que con el cambio legal. Y, sobre este asunto, no se requiere cambio penal sino pedagógico. Bueno, quizás, quizás sí se necesitara una reforma legal de mayor enjundia que un articulito en el Estatuto Docente. Pero sobre la Logse, ya hemos hablado demasiado.

El PSPV-PSOE propone abrir los centros educativos once meses al año.

Sarrión-Once meses

Pilar Sarrión (responsable de Educación del partido) señala:

“Nosotros lo que proponeos con esta apertura de centros es que estas plazas sean cubierts por personal distinto a los profesores de los centros, por monitores, por educadores, por personal específico a las materias que se van a impartir y de esta forma que los padres puedan conciliar la vida familiar y laboral en este mes”.

El debate sobre los tiempos escolares debería abrirse. Ya he señalado en alguna ocasión que para que sea un debate sincero y posible, hay que separar lo que es el horario laboral docente del horario lectivo. Mientras que vayan de la mano, los intereses serán contrapuestos y, por tanto, no es posible el beneficio de unos (conciliación horaria de los padres o concentración horaria de los docentes) sin perjudicar a los otros (children keys o más horas de trabajo por el mismo sueldo).

En este sentido, está bien la propuesta socialista. Es un sinsentido que las instalaciones públicas tengan un horario y calendario de uso tan reducido. Aquí voy a contar una anécdota de juventud. Entonces, como el Poliderportivo de Burriana era ocupado por los equipos oficiales, las únicas instalaciones deportivas disponibles eran las de los colegios. El problema era que estaba cerrado y la polícia local te echaba si saltabas la valla. La solución pasó por poner un “objetor de conciencia” (aquello existía entonces) los fines de semana, para que la chiquillería local pudiera tener una alternativa de ocio saludable.

Volviendo al tema. El problema de la propuesta socialista es que quiere contentar  a todos de una, sin ir más allá en el análisis, por lo que su idea ya comienza a no gustarme tanto. Por un lado, quiere ganar puntos ante las familias, y por eso les propone abrir 11 meses al año los centros. Por otro, no quiere enfadar a los docentes, y por eso dice lo de “que estas plazas sean cubiertas por personal distintos a los profesores”. Vamos, abrir en julio sí; con profesores, no.

Tanto es así que los profesionales alternativos que propone Sarrión son monitores, educadores y “personal específico en las materias que se van a impartir” (en las clases de refuerzo del Plan Èxit). La cosa tiene su miga, porque ¿quién es ese “personal específico en las materias que se van a impartir” que no sea los docentes? Me atrevo a intuir que se refiere a “otros docentes” y no a los de plantilla, porque no conozco más “personal específico” de Matemáticas que un profesor de Matemáticas.

Dejando de lado la dificultad que entreveo de encontrar “otros docentes” que no sea el de plantilla, los opositores e interinos enfrascados justo en julio en todo el tema de papeleo, adjudicaciones y demás (es decir, profes que están para pocas bromas voluntarias), la propuesta socialista vuelve a plantear la idea de que la alternativa especializada a un profesor es un monitor. Una cuestión, lo de “educar niños sin maestros” que ya hablamos en su día.

De este modo, desarrollando la idea, Sarrión propone que para reforzar las áreas en las que el alumno falla es decir, en las que tras un curso el docente no ha conseguido que el estudiante alcance los objetivos, se ponga un monitor/educador/personal específico, perfiles profesionales que no contemplan (al menos no son requisitos para ello) la formación pedagógica y de contenidos que se exige a un docente para ocupar la plaza que ocupa. Yo ya lo siento, pero un recinto que acoge a niños/adolescentes atendidos por no docentes no puede definirse como un instituto, sino más bien como una guardería. Lo que no quita para que, efectivamente, solvente un problema para muchas familias que, ellos sí, sólo tienen un mes de vacaciones. Lo de una guardería educativa, a mi que me lo expliquen.

“David, tiene que salir perfecto”. El director general de Personal de la Conselleria valenciana, David Barelles, tiene ante si un importante reto y es lógica la presión del conseller para que el proceso telemático de adjudicación de plazas provisionales e interinas de maestros sea un éxito. La Administración valenciana ha decidido eliminar los actos de adjudicación presenciales que cada año reunía a miles de docentes en el Palacio de Congresos donde uno a uno elegían su destino para el curso siguiente. Este año se mantendrá en Secundaria, pero si funciona en maestros, puede ser el último año.

Ya sabrán la historia: STEPV y FETE-UGT se oponen y FE-CCOO está a favor, mientras que ANPE, también a favor, guarda más distancias.

De esta manera, que Barelles lleve a buen término el proceso incidirá también en los sindicatos.

A favor del proceso telemático es que está generalizado en muchas autonomías, que también se hace para el concurso de traslados y que en el siglo XXI, los trámites burocráticos con la Administración tienden a ser todos telemáticos.

En contra está que ya se intentó una vez y no funcionó, que pese a las molestias, los actos presenciales se tocan, es decir, más que no haber ni trampa ni cartón, lo que no hay es sospecha de ningún tipo y que deja en manos de las personas y no de un ordenador dónde se trabajará durante un curso entero. Que no es cualquier cosa eso.

Quizás despectivamente, los actos de adjudicación se han calificado como “la feria de los interinos” en la que los sindicatos competían por ver quién tenía mejor stand. Y como en cualquier feria, el docente salía, además de con su destino, con unas bolsas llenas de bolis, calendarios y demás merchandising. Y por aquí hay que buscar las razones al cambio de procedimiento. El ordenador no buscará afiliados.