Una de las principales polémicas del curso que ahora termina ha sido la subida de las tasas universitarias. Un conflicto que volvió a escenificarse durante la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Politécnica, Francisco Mora. El problema de los llamados ajustes es que son recortes, por lo que es difícil argumentar su pertinencia si la conclusión es dinero que se extrae del conjunto de la inversión educativa para tapar otras deudas y compromisos.

Pero lo cierto es que hay planteado un debate interesante del que, he de reconocer, no tengo una opinión definida. Más allá de los recortes, en una gestión pública de recursos escasos, o al menos finitos, cuál debiera ser la prioridad. Poniéndolo en positivo, si sobrara algo de dinero, ¿convendría extender la gratuidad “por debajo” de la enseñanza obligatoria – Infantil– o por arriba”, la universidad?
Cualquier familia que tenga hijos pequeños se ha podido preguntar alguna vez la lógica de que una escuela infantil sea más cara que una matrícula universitaria. Fíjense: por bono infantil una familia puede recibir 990 euros para satisfacer una matrícula máxima permitida de 3.500 euros anuales. Hagan la resta y verán que la guardería, al menos, se paga al precio de máster.
Son conocidos los beneficios sociales que tiene la incorporación temprana al sistema educativo. También, incluso en términos económicos, los beneficios de la universidad. En una relación, según Education at a Glance, de dos a uno entre beneficios privados y públicos. Es decir, se preguntan personas como el catedrático de Sociología de la Educación Mariano Fernández Enguita, “si estudiar es más bien una inversión bastante rentable (…) ¿deben los que no siguen estudiando contribuir a pagar los estudios de quienes sí lo hacen?”. Los universitarios rondan el 40% de los jóvenes, esto es, hay un 60% de jóvenes que no llegan a la universidad. En cambio, en España, según los últimos datos del Ministerio, de los casi 2.000 millones de euros en becas, más de 1.000 beneficiaron a 452.000 universitarios y el resto se repartieron entre 2,1 millones de alumnos no universitarios.
¿Qué beneficiaría, por tanto, a la igualdad social? Ya digo, no sé qué pensar.

Artículo publicado en El Mundo Valencia
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